A menudo, en el patio de vecinas en algunos han querido convertir la política española, uno llega a dudar hasta de sí mismo: ante la contumacia en el disparate de ciertos elementos de la derecha política, mediática y eclesial, incluso empieza a dudarse del propio estado de salud mental. Por suerte, en ocasiones la realidad nos obsequia con algún que otro signo que esclarece la controversia y reparte los papeles del cuerdo y el loco según las leyes de la lógica común.

Me refiero a la (falsa) polémica generada por el Partido Popular acerca de la OPA de Gas Natural sobre Endesa, y la presunta relación secreta que ésta podría mantener con el reparto de los fondos comunitarios. Inquiridos por el particular, sendas autoridades de la Unión Europea se han pronunciado con una rotundidad sin ambages: Durao Barroso, presidente de la Comisión, ha calificado las especulaciones de “absurdas”, mientras que Peter Mandelson, comisario de la competencia, las ha elevado al rango de “ridículas”.

Ignoro si hay precendentes en los que las hipótesis de un partido político se hayan visto desbaratadas con semejante contundencia por la realidad. Lo que sí puedo asegurar es que, gracias a ellas, tengo un poco más claro cuál es el papel de la derecha en el vodevil de la política española. Y que no es, por cierto, el del héroe que al final se queda con la chica.

RETÓRICA DEL EXTERMINIO

Una cosa es disentir del interlocutor y otra, muy distinta, negarle a éste la condición de tal. Y eso es, justamente, lo que hace una y otra vez Mariano Rajoy cuando, en público y ante los medios de comunicación, denigra a José Luis Rodríguez Zapatero, poniendo en duda incluso que el Presidente “esté en sus cabales”. No se trata ya de que, en opinión del líder nominal del PP, su adversario sostenga posiciones distintas, acertadas o equivocadas: es que ni siquiera le reconoce la competencia intelectual para ostentar el papel que el Pueblo español le ha otorgado. No creo exagerar si afirmo que esta actitud entra de lleno en el terreno de la injuria. De ahí, a calificarle de “bobo solemne” o, en un alarde de anacronismo, de “chisgarabís” (?), hay un paso. Y es que, cuando uno se desliza por la pendiente encendida de la infamia, puede acabar promoviendo el exterminio del otro… aunque sea en un plano retórico y verbal (el que nos une a todos en una comunidad de hablantes).

El presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, ha reconocido que violó las leyes de su país al ordenar escuchas no autorizadas a sus mismísimos conciudadanos, y no sólo eso, sino que piensa seguir haciéndolo.

Bush también ha dado la orden de torturar a detenidos, de trasladarlos a prisiones secretas fuera del territorio americano, de retener a personas sin cargo preciso en el limbo jurídico de Guantánamo, de revelar el nombre de un espía de la CIA…

PEGAGOGÍA PÚBLICA

La derecha política y eclesiástica suele lamentarse de la falta de disciplina que se observa en las aulas escolares, cuya responsabilidad imputa a la “ausencia de valores” de la cual, en su opinión, adolece nuestra sociedad.

Parecen olvidar los derechistas que nuestros niños no asumen normas de comportamiento únicamente en las horas de clase, sino que son esponjas: aprenden en el colegio, sí, pero también aprehenden valores en la calle, en casa y, sobre todo, en los medios de comunicación —que, a tales efectos pedagógicos, funcionan como medios de socialización.

Los niños incorporan a su vida cotidiana aquellos valores cuyo éxito pueden observar en la televisión, en la política, en la economía, en el deporte, en el cine, en los videojuegos. Se comportan on espejos: reflejan lo que reciben y, en su inicial falta de criterio, proporcionan una pauta bastante fiel de cuál es el estado moral de una sociedad en su conjunto.

Así, si los principios que rigen la vida pública y que ellos aprehenden son, por ejemplo, la competitividad salvaje, la falta de respeto, el desprecio por los débiles y los perdedores… ¿qué comportamiento tendrán, luego, en su clase y con sus compañeros? Si ven que triunfa, no el mejor dotado, sino el más astuto; si asisten al éxito del dinero fácil; si contemplan la consagración del lucro y la codicia, del insulto y la descalificación, de la mentira… ¿cómo puede sorprendernos de que, cuando les toca hablar a ellos, reproduzcan las pautas que han tomado de nosotros?

Hay que predicar con el ejemplo y rasgarse menos las vestiduras: la moral pública se labra cada día mediante una pedagogía personal, brindando uno mismo el ejemplo de lo que desea propugnar, y no aspirando a reintroducir en las aulas obsoletos principios de un autoritarismo ya superado.

¿VIOLENCIA GRATUITA?

Ha vuelto a ocurrir. De nuevo, una panda de jovenzuelos de buena familia, estómago repleto y seso escaso han eliminado del mapa a un indigente. En Barcelona, tres niños pijos, tres retoños de la burguesía catalana, en una noche loca de risas y excesos, han excluido de la vida a una persona que ya estaba excluida de la sociedad, cerrando el círculo del absurdo y el crimen.

Bien mirado, tienen parte de razón quienes trasladan a la sociedad en su conjunto la responsabilidad moral de las tropelías que protagonizan algunos de sus miembros: pues, en esta clase de sucesos sangrantes, es nuestro funcionamiento en cuanto colectivo lo que se pone en evidencia, es nuestro porvenir lo que se pone en juego.

Esta presunta "mayoría" no sería, empero, un concepto meramente abstracto, virtual (como quien habla de la "opinión pública" o la "voluntad general"), sino un acontecimiento materializado en concreto, en forma de movilización colectiva en la calle. Contra una supuesta arbitrariedad gubernamental, las manifestaciones plasmarían la soberanía "real" del Pueblo; frente a los desmanes zapateriles, los rostros del "sentido común", la sensatez de la "gente de bien" y demás eufemismos para referirse, en última instancia: a nosotros mismos.

Porque de eso se trata, en suma: de erigirse en "reducto fiel" de la españolidad, en bastión ideológico y social de la "auténtica" cuidadanía. A diferencia de quienes delegan la acción política en sus legítimos representantes, los "integristas" de la vía pública opondrían el "mandato directo" de los peatones, quienes detentarían así el exclusivo ejercicio de la misma.

No es extraño, visto lo visto, que cuando, desde la derecha, se habla de "mayoría" al referirse a los 200.000, o 2.000.000, de españoles que secundan sus llamamientos a la "rebelión civil", en realidad reducen el espectro total de los ciudadanos a quienes comulgan con sus ideas. Si la aritmética les contradice (un 5% no es un 50% más uno, mál que les pese), no es por azar: para la derecha, España es una: la suya; grande, pero no como para incluir al adversario; y es libre, sólo en la medida en qu se pliegue a sus designios.

¿Mayoría minoritaria? Para el común de los mortales, este oxímoron repugna a la inteligencia; para el militante de la causa nacional-católica, no es más que un artículo de fe.

Quiero negociar con ETA cuando estoy en el Gobierno, y censurar al PSOE que anuncie que lo hará cuando estoy en la oposición.

Quiero venderle armas y munición a Chávez cuando mando yo, y poner como los trapos a Zapatero por expedirle unas patrulleras y unos aviones de carga.

Quiero aprobar en solitario una ley de educación sin contar con el resto del arco parlamentario, y llamar “dictadores” a los socialistas por hacer lo mismo con el apoyo de todos los partidos (menos el mío).

Quiero denunciar que ZP pone en peligro la libertad de conciencia, aunque nosotros impusiésemos la enseñanza de la religión en los colegios públicos.

Quiero que quede claro que el Tripartito vulnera la Carta Magna con su reforma del Estatuto catalán, a pesar de que el Tribunal Constitucional haya derogado decenas de leyes y decretos impulsados por el Gobierno popular.

Quiero proclamar a los cuatro vientos que Zapatero ha roto el consenso instaurado en la Transición, ello a pesar de que la derecha se opuso al Título VIII de la Constitución del 78 y Aznar publicase artículos contrarios al modelo territorial propugnado por nuestra norma fundamental.

Quiero que se sepa que el PSC trata de imponer la censura previa al impulsar el Consejo Audiovisual, haciendo abstracción de que Gallardón creó un órgano idéntico en la Comunidad de Madrid.

Quiero rechazar, por “anexionista”, la propuesta formulada por el BNG de que el nuevo Estatuto contemple la posibilidad de que se incorporen a la Comunidad gallega municipios de otras regiones, eso sí, obviando que el de Castilla y León —en manos del PP— incluye una disposición en el mismo sentido.

Quiero poner en la picota la falta de pluralidad de TVE bajo el mandato socialista, cuando con Urdaci era imposible que los espectadores asistiesen a un debate mínimamente plural, y menos aún a un programa semanal donde los periodistas de la derecha proclaman libremente sus consignas de partido.

Quiero impugnar el talante franquista del Presidente del Gobierno, a despecho de que yo y los míos nos enfademos mucho cuando se retiran las estatuas del Dictador o leamos con alborozo los panfletos revisionistas de Pío Mia.

En fin, quiero ser del PP para permitirme lo que prohíbo a los demás, y encima, hacerlo sin ningún cargo de conciencia.

Y es que los escrúpulos y la coherencia son defectos propios de gente sin recursos ni altura de miras.

2. A la vista de los graves acontecimientos que han empujado a las Fuerzas Armas a adoptar el papel que la Carta Magna le reserva, nos vemos en la obligación ética y moral de revisar a fondo el texto constitucional en evitación de que dichas circunstancias se vuelvan a repetir. 

No, según los participantes en una mesa redonda (calificarla de “debate” resultaría excesivo, ya que todos pensaban lo mismo: la discrepancia había sido excluida premeditadamente del programa) emitida por Popular TV el pasado domingo, por cierto, justo después de la emisión de la Santa Misa. 

Versaba esta mesa redonda sobre el “neoconservadurismo” que triunfa actualmente en los Estados Unidos, y que la FAES de José María Aznar está tratando de importar (con calzador) a suelo patrio. En ella, y frente a la ética secularizada de los países europeos, se loaba la imbricación entre republicanismo y religión impulsada por los norteamericanos. Aún más, en un súbito arranque de entusiasmo, uno de los contertulios llegó a afirmar que “resulta impensable un Estado libre y republicano sin contar con la religión”. Nada menos.

¿Es así, efectivamente? ¿Tienen los Estados Unidos, entregados a un fundamentalismo cristiano pimpante, algo que enseñar a la Europa laica y socialdemócrata?

Voy a abstenerme de entrar en disquisiciones político-teológicas: me ciño, como gusta al pragmatismo atlantista, a los resultados. Así:

a) en los EE.UU, país pío y devoto, es legal que el Estado (¡ese monstruo estigmatizado por los neoliberales!) disponga de la vida de las personas, es decir, puede ordenar la ejecución de un delincuente; en la laica Europa, ello no es posible, en aras al principio “sagrado” del respeto a la vida individual.

b) en los EE.UU, nación que implora su bendición al Altísimo un día sí y otro también, se promueve la invasión cruenta de países extranjeros en contra de la legalidad internacional, mientras que la demoníaca Europa se opone (con la excepción de la anglosajona Gran Bretaña, otra que tal canta) a cualquier medida bélica y violenta que no cuente con el amparo de las disposiciones normativas vigentes.

c) en los beatos EE.UU., se practica la tortura, se encarcela a las personas sin garantías procesales, se venden armas a los particulares, se intervienen las comunicaciones privadas, se viola la presunción de inocencia; en la Europa entregada al Maligno, es delito vulnerar la dignidad individual en aras de un concepto abstracto de “seguridad” que promueve, paradójicamente, la mayor inseguridad jurídica.

d) las autoridades republicanas que gobiernan los Estados Teológicos de América se niegan a admitir la existencia misma de un Tribunal Penal Internacional que detecte, persiga y sancione las violaciones de los derechos humanos, mientras que la Profana Europa considera que éste instrumento legal aseguraría que ningún abuso de poder quedase impune;

e) en numerosos estados de Norteamérica, patria adoptiva de cuáqueros y puritanos, se persigue y se condena la homosexualidad (conculcando el derecho individual a elegir la propia vida afectiva); en Europa, de la que salieron huyendo toda suerte de fanáticos religiosos en busca de tierras más hospitalarias, hombre y mujer son libres de acostarse con quienes deseen, sin tener que rendir cuentas a ningún tribunal que censure sus conductas amatorias —siempre que se realicen entre adultos y sin coacción por medio.

f) a pesar de ser el mayor contaminador del mundo, la América que Dios bendice (o eso dice ella) se niega a suscribir el Acuerdo de Kyoto para reducir la emisiones de gases con efecto invernadero, poniendo en peligro el futuro de la especie; por su parte, la Europa a la que ampara el Ángel Caído se esmera en proteger el medio ambiente aun a costa de un crecimiento económico menor.

g) en los cristianísimos EE.UU, las leyes del mercado redundan en una salvaje desigualdad social entre los ciudadanos, de manera que conviven multimillonarios con personas carentes de todo techo, sin que las bíblicas conciencias de los primeros se vean agitadas; en la descreída Europa, el luciferino Estado social trata de atenuar en lo posible los perniciosos efectos del capitalismo, a través de políticas que fomenten la cohesión y el reparto de la riqueza.

En resumen, con los resultados en la mano, es imposible propugnar la “superioridad moral” de los neoconservadores Estados Unidos (violentos, belicosos e injustos) frente a la laica Europa (pacífica, legal y solidaria). Afirmar lo contrario sólo se puede hacer, bien desde la ignorancia, bien desde la mala fe… cristiana, por supuesto.

Según un reciente sondeo, la mayoría de los españoles imputaba al Partido Popular la responsabilidad de esta degradación de la vida pública. Ahora bien, ¿qué interés podría tener una agrupación política con aspiraciones de gobierno en enrarecer el ambiente, cuál podría ser el rédito que extraería de emponzoñar la convivencia ciudadana con su calculada estrategia basada en la algarada permanente?

Hay quien rememora la legislatura de 1993-1996 para explicar el fruto que puede llegar a dar una campaña orquestada desde la derecha política y mediática. Yo dudo mucho que pueda establecerse semejante paralelismo, principalmente por tres motivos que me parecen de peso:

a) en aquella época, el socialismo se hallaba muy desgastado por los casos de corrupción y por cierto desapego ciudadano inherente a la permanencia excesiva de un partido en el poder;

b) en 1996, el electorado había perdido el “miedo a la derecha” que mantuvo cohesionado durante casi veinte años el voto progresista, y ello allanó el camino a la victoria del Partido Popular;

c) por último, España aún no había conocido los estragos que podía llegar a ocasionar a la vida civil la mayoría absoluta de un gobierno conservador: tuvimos que padecer el cuatrienio negro (2000-20004) para despertar del letargo en el que estuvimos sumidos los ciudadanos, y que rompieron quizás las bombas de la estación de Atocha.

Personalmente, me inclino por una interpretación distinta de los hechos. Es la siguiente. De acuerdo con todos los análisis politológicos publicados, en España el electorado progresista muestra un comportamiento harto voluble, de modo que tiende a quedarse en casa en cuanto la clase política le brinda la menor ocasión; por su parte, la bolsa de votos que ostenta la derecha es comparativamente más leal, menos escrupulosa en suma.

Tengo para mí que ello se debe a que, mientras la clase trabajadora no se siente directamente afectada (excepto, como digo, en casos puntuales de gran movilización ciudadana: el 23-F o el 14-M) por la vida política, pues sus condiciones de vida seguirán más o menos inalterables con independencia del partido en el poder, las clases medias y las grandes rentas sí acusan los efectos del cambio de color parlamentario. Y ello es así porque, mientras el voto de izquierdas se mueve sobre todo por ideales, el de derechas atiende más que nada a intereses. 

Esta constatación se tiene muy en cuenta en el diseño de la estrategia política por parte del Partido Popular. Se trataría, en consecuencia, de lograr un clima público tal que el electorado progresista se desentendiera (por hartura, por aburrimiento o por desidia) de la política, de manera que el saldo positivo que ostenta de suyo el PSOE, por razones meramente estadísticas, cambiara de signo en favor del PP.  

Separar a la clase trabajadora del Congreso, alejarle de las instituciones por puro despego sería, pues, el primer y único objetivo de esta atmósfera de crispación animada por el PP y su brunete mediática. Así, se cumpliría una vez más el principio de cuanto peor, mejor: a mayor degragadación de la vida pública, menor apoyo electoral para la izquierda parlamentaria. 

Si todo lo dicho es cierto, la denuncia de que el encanallamiento político perjudica al conjunto de los ciudadanos por igual caería por su propio peso: para los estrategas del PP, si es malo para todos, o para la mayoría social de progreso, es bueno para ellos: la minoría histórica del privilegio.

Con este anuncio, la derecha asume que su discurso político carece de sensibilidad autonómica, pues suprime la capacidad de autogobierno que la Constitución reconoce a las Comunidades y la propia LOE, sometiéndola a los dictámenes centralizadores y centralistas de la capital del Reino. Así pues, se confirma que la derecha prefiere el sucursalismo al autonomismo, neutralizando el poder descentralizador que promueve el Titulo VIII de la Carta Magna. 

Pero hay más. Formando una piña y encastillándose en los territorios que controla, la derecha reedita explícitamente la partición de España entre un bando nacional, que permanecería en sus manos, y un bando infiel, que habría que reconquistar (en las urnas, o por cualquier otro medio). No soy yo, quien emplea términos bélicos para plasmar el antagonismo que padece este país desde el 14-M: el propio Manuel Fraga, durante la campaña de las recientes elecciones a la Xunta, habló de Galicia como de una “Covadonga” (sic) cuya retención significaría el inicio de la reconquista popular de España.

Perdido el bastión atlántico, ahora al PP sólo le queda la “ancha” Castilla como núcleo duro de una “resistencia nacional-católica” a partir de la cual reconstruir el Imperio perdido. La política (real y propagandística) que sigue Esperanza Aguirre en el gobierno de la Comunidad parece confirmar esta funesta perspectiva: irredentismo frente al Gobierno central, proclamas anti-progresistas, declaraciones gruesas sobre la corrupción… 

A pesar de los augurios, cabe dudar que esta lógica de guerra emprendida por la derecha más radical de la historia de la democracia en los últimos meses cale entre los ciudadanos de un país que, tras treinta años de paz, no están dispuestos a dejarse engatusar por los cantos de sirena de los cainitas de siempre.

Mientras el Presidente expone sus argumentos, acertados o equivocados, los senadores del Partido Popular gritan, aúllan, le impiden continuar. ¿Qué dice el Presidente que merezca semejantes reacciones, entre bestiales e infrahumanas? Nada del otro mundo: lo que ya sabemos, cuatro frases sobre su política educativa, en fin, nada que merezca que sus interlocutores se degraden públicamente, y degraden la propia actividad parlamentaria.

Se me ocurre que, en realidad, a los derechistas no le interesa tanto lo que dice el Presidente sino aparecer muy soliviantados ante los espectadores del Telediario. Su estrategia es la siguiente:

a)  no escuchar a los demás

b) si escuchan, no querer entender

c)  si quieren entender, interpretarles mal

d) si les interpretan correctamente, no admitirlo en público

e) si lo admiten en público, hacer caso omiso del contenido del mensaje

f)  si atienden al contenido del mensaje, prescindir de él

g) si no prescinden de él, transmitirlo deformado

h)  si no lo transmiten deformado, tratar de ridiculizarlo hasta el absurdo...

Parece evidente que, en todos los temas (desde la guerra de Irak a la autoría del 11-M, pasando por la política educativa, la religión católica, el debate territorial, el terrorismo, etc.), los derechistas han decidido no comunicarse con nadie: primero, negando la existencia de la legitimidad del interlocutor; y después, tratando de ahogar los mensajes de éste en un maremágnum de emisiones guturales que bloqueen cualquier tipo de debate.

Ante este panorama, tratar de consensuar cualquier tema con los derechistas tiene la misma posibilidad de éxito que intentar de comunicarse con un simio de la selva africana.

Días más tarde, en una tertulia de la Cadena SER, se informaba de que un alumno de un instituto de enseñanza secundaria de Kansas City había sido expulsado durante un día y medio del centro por “hablar español en los pasillos”. Concretamente, el chaval le había pedido a otro “un dólar” en la lengua de Cervantes. 

Esta es la “libertad de expresión” que promueven los fanáticos religiosos: el derecho que (al parecer) les ampara para expresarse con cargo al erario público, y la capacidad (creen ellos) de reprimir a quienes no se plieguen a sus consignas totalitarias.

Con el paso del tiempo, me voy convenciendo de que sí.

Una de las mayores amenazas que se cierne sobre nuestra Ley fundamental proviene de las filas católicas. No hablo por hablar.

En los últimes meses (con mayor precisión: desde la victoria socialista del 14 de marzo), la Iglesia Católica se ha empeñado en desplegar campañas de combate político contra el Gobierno de la Nación. La peculiaridad de tales campañas es que desbordan el juego dialéctico para entrar de lleno en la incitación a la desobediencia civil y a la violación de la legalidad vigente.  

Me refiero a la llamada que hizo la Conferencia Episcopal a la “insumisión” de los funcionarios católicos, quienes debían oponerse a tramitar las bodas entre personas del mismo sexo en las que pudieran verse implicados. Ello, paradójicamente, en nombre de la “libertad de conciencia” a la cual, ay, la Iglesia ha sido tan insensible a lo largo de los siglos.

Esta voluntad expresa (y militante) de los católicos de vulnerar de manera consciente la legalidad y poner en peligro la igualdad de todos los españoles ante las normas jurídicas que a todos nos atañen no es en absoluto nueva. Ya en su momento los médicos católicos reclamaron su derecho a una peregrina “objeción de conciencia” para negarse a practicar abortos legales, a quienes pronto se sumaron los farmacéuticos católicos opuestos a vender preservativos en sus establecimientos (regulados, como es notorio, en régimen de monopolio estatal).

La guinda del pastel la han puesto estas últimas semanas los padres de la CONCAPA, federación de padres católicos, al anunciar su boicot a la nueva asignatura de “Educación para la ciudadanía”, prevista por la nueva Ley de Educación. Según estos píos caballeros, dicha materia vendría a conculcar la “libertad de pensamiento” que ampara a sus hijos, así como la libertad de los propios padres para decidir qué formación reciben sus vástagos.

Ahora bien, ¿qué perniciosos contenidos prevé dicha asignatura que debe repugnar la “recta conciencia” de los padres católicos? Me remito al texto que José María Puig, catedrático de la Universidad de Barcelona, publicó en la prensa hace unos días:

“La educación para la ciudadanía se ocupa del aprendizaje de la vida en común en una sociedad democrática. Un proceso que consiste en llegar a formar parte de una colectividad, tras alcanzar un buen nivel de civismo o respeto por las normas públicas” (El País, 11 de diciembre). 

¿Hay algo más loable? Coincide esta educación punto por punto con los principios que inspiran la Constitución: democracia, bien público, interés colectivo, valores cívicos… Entonces, ¿cómo es posible que los católicos se opongan a una materia que propugna ideales tan elevados y encomiables?

Mi diagnóstico es pesimista: la Conferencia Episcopal ha decidido que no quiere formar parte de un Estado de Derecho que pone en peligro su secular dominio sobre la ciudadanía y, consecuentemente, ha emprendido un lento proceso para emanciparse del mismo. Para lograr dicho objetivo final (la escisión de España en dos: una leal al Estado de El Vaticano y la otra, infiel a Dios y a la Santa Madre Iglesia), los obispos usarían y abusarían de la letra de la Carta Magna para pervertir su espíritu íntimo, que no es otro que la igualdad de todos los españoles ante la ley.

Los católicos no quieren ser iguales a quienes no comparten sus creencias. Ellos, que durante siglos obligaron a sus conciudadanos a compartir cultos en los que no creían bajo pena de incineración o exilio, literalmente chulean nuestra Ley fundamental para abstraerse de la vida social y, en últérrima instancia, del propio control de las leyes. Y es que, si a los padres católicos les repugna que sus hijos puedan formarse en los valores constitucionales de “respeto cívico”, ¿qué clase de convivencia puede esperarse en el futuro?

No, a los católicos la Constitución les trae al pairo: su única obsesión es preservar intacto su núcleo dogmático y su masa crítica de fieles, en espera de que un cambio de gobierno pueda devolverles al poder y, así, tumbar en la práctica unos valores cívicos con los que jamás han comulgado en teoría.

El más sonoro de todos ellos es el siguiente: modificar la ley electoral vigente para que el Partido Popular, incapaz de pactar con nadie, pueda gobernar en caso de ser la lista más votada, o bloquear cualquier reforma, si no lo es. Todo ello, aderezado por la aberrante pretensión de "blindar" en la Carta Magna las competencias estatales.

Ya lo intentaron tras las elecciones gallegas: cambiar las reglas del juego cuando éstas no favorecen a sus intereses de poder. Si no puedes con tu enemigo... ¡modifica las normas vigentes! Si las cartas con las que cuentas no son de tu gusto, ¿por qué no romper la baraja?

Lo paradójico de la situación es que, para lograr dicha modificación en el ordenamiento jurídico y legal, deberían contar con la contribución de aquellos a los que, precisamente, se quiere dar la espalda con dichas reformas.

¿Cuál es la única salida que le queda, pues, a la derecha española, en caso de no prosperar su propuesta? Sólo se me ocurre una, y no sería nueva en nuestra historia común.

Uno de los arquetipos con los que la Teoría de Juegos categoriza la actitud de los actores en un proceso de resolución de conflictos es el del free-rider (gorrón). El gorrón es aquel personaje que, en un intercambio de informaciones tendentes a la superación de un problema, se mantiene a una prudente distancia, se abstiene de mostrar las cartas pero, en el momento en que se alcanza un punto de acuerdo, se sube al carro del vencedor y trata de sacar el máximo partido de la situación creada. Este tipo de conducta, muy conocida en el país de gregarios donde nos ha tocado vivir, se resume en la castiza expresión: nadar y guardar la ropa. Su máxima es la siguiente: máximo beneficio con el mínimo coste, que trabajen los demás.

¿No les suena todo esto? A mí, sí. Concretamente, en el proceso de reformas de la organización territorial que han propuesto Zapatero y el PSOE, el Partido Popular asume sin problemas el papel del gorrón: rechaza cualquier tipo de riesgo, se margina del debate, pero deja claro que cualquier innovación en dicha materia contará con su aquiescencia automática. ¿Qué es, si no, la malhadada cláusula Camps? Pues admitir que la derecha no quiere cambiar nada y endosar el muerto de las transformaciones al enemigo, de modo que, si éste fracasa, ella se reserva el comodín de la crítica inmisericorde, pero si triunfa, ella quiere lo mismo para sí. El epíteto moral que atribuyo a este comportamiento no puede ser otro que el de cobarde.

Claro que, repasando la historia de la democracia española, la derecha siempre ha actuado así: lo hizo con la Constitución, con el aborto, con el divorcio... y lo hará con las bodas gays y la reforma territorial. Visto lo visto, recobra todo su sentido hablar de nuevo en términos de progreso y reacción: progresista sería aquel que arriesga para vencer y reaccionario, quien sólo se apunta al triunfo si el trabajo sucio se lo hacen los demás. Lo dicho: vil y mezquino, el juego del gorrón.

Resulta que, contra las informaciones que difundieron dichos medios parciales y progubernamentales, el debate sobre la toma en consideración del proyecto de reforma del Estatuto había arrojado un resultado favorable a las tesis del PSOE y contrarias a las del PP. Este último partido se pronunciaba en contra de la admisión a trámite de dicha reforma, mientras que el resto de los grupos lo hacían a favor.

Pues bien, según el escueto titular que esta misma mañana coloca La Razón en su primera página, "Rajoy ganó el debate" (sic). Es decir, que el Congreso de los Diputados rechazó la susodicha toma en consideración, apoyando así la opción del Partido Popular y de su líder, Mariano Rajoy.

Agradezco a la Prensa Libre, de centro, moderada y amante de la Verdad en mayúsculas que me sacara del error. Ahora ya sé que España no se romperá, porque Cataluña seguirá contando con el mismo Estatuto de siempre y Zapatero no sacará adelante su proyecto de reforma encubierta de la Constitutición.

¡Gracias, Zaplana! Tus consejos valen su peso en oro.

Bien, no lo voy a negar: obras son amores.

Lo cierto es que, como aliado de los derechos humanos y cómplice de la democracia en su sentido más profundo, y no sólo formal, hace unos meses me caí del caballo. Llámenle iluminación, llámenle ofuscamiento, pero me pareció entender, allá por los albores de 2005, que la derecha española emprendía una campaña de acoso y derribo contra el Gobierno socialista. El tiempo parece que, por desgracia, me va dando la razón.

Contra lo que predican, los cachorros del nacionalcatolicismo no sólo se esmeran en desplazar del poder al centro-izquierda que actualmente lo ejerce, sino que pretenden refundar España bajo sus pecualiares valores reaccionarios: orden, disciplina, clasismo, homofobia, centralismo... A los hechos me remito, nuevamente.

Esta cruzada nacional-católica, que ya desgarró España en 1936, es la que me animó en su momento, y aún me espolea, a tomar partido y mojarme (yo, que siempre presumí de andar seco por la vida). Claro que hay otro Transformer, en otros sitios, en otros espacios. Pero, en éste, no vuelco mi ser por completo, sino sólo una parte: la preocupada, la inquieta, la alarmada. De ahí el sesgo tendencioso que imprengna mis textos, esa obsesión (quizá enfermiza) antifascista la cual, gracias a Dios, no invade mi espíritu por completo. En otros blogs muestro mis otras caras: poesía, fotografía... Pero aquí, me limito a desenfundar la espada, a riesgo de cansar (y cansarme).

Espero que, pronto, sea innecesario escribir blogs como los míos, porque la democracia carezca de enemigos internos que la quieran desestabilizar.