CATÓLICOS INCÍVICOS

¿Puede utilizarse la letra de la Constitución para violar el espíritu que inspira el articulado de la propia Carta Magna?

Con el paso del tiempo, me voy convenciendo de que sí.

Una de las mayores amenazas que se cierne sobre nuestra Ley fundamental proviene de las filas católicas. No hablo por hablar.

En los últimes meses (con mayor precisión: desde la victoria socialista del 14 de marzo), la Iglesia Católica se ha empeñado en desplegar campañas de combate político contra el Gobierno de la Nación. La peculiaridad de tales campañas es que desbordan el juego dialéctico para entrar de lleno en la incitación a la desobediencia civil y a la violación de la legalidad vigente.  

Me refiero a la llamada que hizo la Conferencia Episcopal a la “insumisión” de los funcionarios católicos, quienes debían oponerse a tramitar las bodas entre personas del mismo sexo en las que pudieran verse implicados. Ello, paradójicamente, en nombre de la “libertad de conciencia” a la cual, ay, la Iglesia ha sido tan insensible a lo largo de los siglos.

Esta voluntad expresa (y militante) de los católicos de vulnerar de manera consciente la legalidad y poner en peligro la igualdad de todos los españoles ante las normas jurídicas que a todos nos atañen no es en absoluto nueva. Ya en su momento los médicos católicos reclamaron su derecho a una peregrina “objeción de conciencia” para negarse a practicar abortos legales, a quienes pronto se sumaron los farmacéuticos católicos opuestos a vender preservativos en sus establecimientos (regulados, como es notorio, en régimen de monopolio estatal).

La guinda del pastel la han puesto estas últimas semanas los padres de la CONCAPA, federación de padres católicos, al anunciar su boicot a la nueva asignatura de “Educación para la ciudadanía”, prevista por la nueva Ley de Educación. Según estos píos caballeros, dicha materia vendría a conculcar la “libertad de pensamiento” que ampara a sus hijos, así como la libertad de los propios padres para decidir qué formación reciben sus vástagos.

 

Ahora bien, ¿qué perniciosos contenidos prevé dicha asignatura que debe repugnar la “recta conciencia” de los padres católicos? Me remito al texto que José María Puig, catedrático de la Universidad de Barcelona, publicó en la prensa hace unos días:

 

“La educación para la ciudadanía se ocupa del aprendizaje de la vida en común en una sociedad democrática. Un proceso que consiste en llegar a formar parte de una colectividad, tras alcanzar un buen nivel de civismo o respeto por las normas públicas” (El País, 11 de diciembre). 

¿Hay algo más loable? Coincide esta educación punto por punto con los principios que inspiran la Constitución: democracia, bien público, interés colectivo, valores cívicos… Entonces, ¿cómo es posible que los católicos se opongan a una materia que propugna ideales tan elevados y encomiables?

Mi diagnóstico es pesimista: la Conferencia Episcopal ha decidido que no quiere formar parte de un Estado de Derecho que pone en peligro su secular dominio sobre la ciudadanía y, consecuentemente, ha emprendido un lento proceso para emanciparse del mismo. Para lograr dicho objetivo final (la escisión de España en dos: una leal al Estado de El Vaticano y la otra, infiel a Dios y a la Santa Madre Iglesia), los obispos usarían y abusarían de la letra de la Carta Magna para pervertir su espíritu íntimo, que no es otro que la igualdad de todos los españoles ante la ley.

 

Los católicos no quieren ser iguales a quienes no comparten sus creencias. Ellos, que durante siglos obligaron a sus conciudadanos a compartir cultos en los que no creían bajo pena de incineración o exilio, literalmente chulean nuestra Ley fundamental para abstraerse de la vida social y, en últérrima instancia, del propio control de las leyes. Y es que, si a los padres católicos les repugna que sus hijos puedan formarse en los valores constitucionales de “respeto cívico”, ¿qué clase de convivencia puede esperarse en el futuro?

 

No, a los católicos la Constitución les trae al pairo: su única obsesión es preservar intacto su núcleo dogmático y su masa crítica de fieles, en espera de que un cambio de gobierno pueda devolverles al poder y, así, tumbar en la práctica unos valores cívicos con los que jamás han comulgado en teoría.