¡DEVUÉLVEME MI PISTOLA!

En los últimos días hemos “pulsado” la opinión de ciertos sectores de las Fuerzas Armadas españolas, manifestándose una paradoja que creo oportuno destacar.

Por un lado, un Teniente General del Ejército de Tierra aprovechó su comparecencia pública ante un micrófono encendido para alertar a la clase política de que, si el proceso de reformas estatutarias no coincidía con sus deseos personales, se reservaba el derecho a empuñar las armas y hacerse con el poder. Este conato de pronunciamiento ha merecido el apoyo de un representante del estamento militar, en aras de una supuesta “libertad de expresión” que, como todo el mundo sabe, está restringida por la legalidad vigente.

Por otro, y en el mismo día, el diario La Razón publicaba la noticia de que los mandos de la Guardia Civil se sienten “decepcionados” con el PSOE, pues creían que éste les iba a dotar de unas prerrogativas de las que carecen, a saber: derecho a la sindicación, a la manifestación, a la expresión libre de la propia opinión… En fin, los uniformados se quejan de no ser como el resto de los ciudadanos en cuanto al ejercicio de sus libertades y derechos.

Los hechos son gravísimos. Se trata de la voluntad expresada abiertamente por parte de quienes detentan el uso exclusivo de la violencia de estar en misa y repicando, es decir, de ser iguales al resto de los españoles, pero con un privilegio reservado sólo para ellos: el derecho a matar en nombre, qué sé yo, de España, de la seguridad ciudadana, del orden público o cualquier otro concepto grande y bello.

Lo que no entienden los militares es que, si ellos tienen la llave del polvorín es porque todos nosotros se la hemos prestado; que, si hay armas dentro, es porque nosotros las hemos comprado con nuestros impuestos; en fin, que cuando uno ingresa en un cuerpo armado no es para hacer de su capa un sayo, presto a desenfundar en cuanto la realidad no se parezca a la imagen que se haga él de ella, sino para ponerse al servicio de los poderes públicos, o sea: del propio Pueblo español, representado democráticamente en sus instituciones.

Si yo, como persona de a pie, tengo prohibido el uso de armas de fuego, es porque otro, pagado por el Estado, lo hace en mi nombre y bajo el amparo (y con las restricciones) de las leyes aprobadas en las Cortes Generales. Si un Teniente General se cree con el derecho de apuntarme a la cabeza porque considera que amenazo, con el ejercicio de mi libertad política, sus elevados ideales castrenses, yo tengo que reivindicar para mí lo que es mío. Quiero que esa pistola que pone en riesgo mi vida, y que he pagado de mi bolsillo, vuelva a su legítimo dueño, y que el fanfarrón que me intimida abandone inmediatamente su puesto.

De lo contrario, tendremos que pedir la llave del arsenal y combatir en igualdad de condiciones, cada cual tras su palio particular, por un concepto mejor o peor de gobernar España.