¿CRISIS DE AUTORIDAD?
Desde las filas del más rancio moralismo (derecha política y eclesial), se oyen con creciente frecuencia lamentaciones sobre la crisis de autoridad que padece nuestra sociedad en el presente.
Según esta tesis, la caída de la Dictadura no habría reportado más que indisciplina y desorientación, permisividad y relativismo, todo ello nocivo para la convivencia y la paz social. Los jóvenes, sobre todo, le habría perdido el respeto a sus mayores y a las instancias tradicionales del orden social: familia, profesorado, legalidad...
No digo yo que no haya síntomas alarmantes de que, en los últimos años, e incluso en las últimas semanas, se están dando señales preocupantes de que, para ciertos sectores sociales, la autoridad legítima no merece ninguna consideración y que, en buena lid, uno puede rebelarse contra ella.
Voy a repasar algunos acontecimientos que, en el último año, parecen avalar esta impresión:
-cargos públicos de un partido político con responsabilidades de gobierno autonómico y local, han anunciado que no piensan cumplir el imperativo legal de oficiar bodas homosexuales; para estos cargos, la ley está por debajo de la propia conciencia, lo cual es tanto como negar toda base al Estado de Derecho y dar carta de naturaleza a la anarquía social (cada cual tiene su conciencia, y no tiene por qué sentirse constreñido por la legalidad vigente);
-representantes parlamentarios de un partido con responsabilidades de gobierno autonómico y local han atentado repetidamente contra la máxima autoridad de los órganos constitucionales y estatutarios, desobedeciendo a quien ostenta legalmente la máxima autoridad en la materia: me refiero a las rebeliones que protagonizan, un día sí y otro también, los diputados del PP en el Congreso de Madrid y en los Parlamentos de Andalucía y Extremadura;
-representantes mediáticos de un partido con responsabilidades de gobierno autonómico y local, y grupo mayoritario de la oposición en las Cortes Generales, han consignado por escrito en la Comisión del 11-M que las autoridades policiales faltaron a su deber y coadyuvaron de un modo u otro en la comisión del mayor atentado sufrido en la historia de España: así, invitan los populares a dudar de la honorabilidad de nuestras instituciones y, consiguientemente, a desobedecerlas;
-representantes mediáticos de un partido con responsabilidades de gobierno autonómico y local, y prolongación orgánica de la Conferencia Episcopal, arremeten de continuo contra el máximo representante del Estado, poniendo en duda su ecuanimidad institucional y ensoñando, quizá, con otros modelos de organización política en los que la monarquía no tuviera cabida.
A la vista de estas y muchas otras señales, ¿qué clase de pedagogía pública está impartiendo el Partido Popular? ¿Qué señales, guiños y conminaciones, puede estar recibiendo la ciudadanía española cuando, desde el seno de las propias instituciones democráticas, se pone en duda la legitimidad misma de las autoridades que nos rigen? ¿No es una invitación a la anarquía general, a pasarse las normas de convivencia por el arco de triunfo? ¿Cómo no van a reírse nuestros jóvenes de sus padres, sus profesores, sus leyes, si quienes dicen representarles se mofan del Presidente del Congreso o del mismísimo Rey de España?
Leyendo los mensajes que los cachorros de la derecha (política y eclesial) emiten en los foros públicos de comunicación, creo que la respuesta a estas inquietudes es evidente, y preocupante. La derecha está movilizando a sus bases electorales para abatir el sistema democrático. Más claro no lo puedo decir.
Según esta tesis, la caída de la Dictadura no habría reportado más que indisciplina y desorientación, permisividad y relativismo, todo ello nocivo para la convivencia y la paz social. Los jóvenes, sobre todo, le habría perdido el respeto a sus mayores y a las instancias tradicionales del orden social: familia, profesorado, legalidad...
No digo yo que no haya síntomas alarmantes de que, en los últimos años, e incluso en las últimas semanas, se están dando señales preocupantes de que, para ciertos sectores sociales, la autoridad legítima no merece ninguna consideración y que, en buena lid, uno puede rebelarse contra ella.
Voy a repasar algunos acontecimientos que, en el último año, parecen avalar esta impresión:
-cargos públicos de un partido político con responsabilidades de gobierno autonómico y local, han anunciado que no piensan cumplir el imperativo legal de oficiar bodas homosexuales; para estos cargos, la ley está por debajo de la propia conciencia, lo cual es tanto como negar toda base al Estado de Derecho y dar carta de naturaleza a la anarquía social (cada cual tiene su conciencia, y no tiene por qué sentirse constreñido por la legalidad vigente);
-representantes parlamentarios de un partido con responsabilidades de gobierno autonómico y local han atentado repetidamente contra la máxima autoridad de los órganos constitucionales y estatutarios, desobedeciendo a quien ostenta legalmente la máxima autoridad en la materia: me refiero a las rebeliones que protagonizan, un día sí y otro también, los diputados del PP en el Congreso de Madrid y en los Parlamentos de Andalucía y Extremadura;
-representantes mediáticos de un partido con responsabilidades de gobierno autonómico y local, y grupo mayoritario de la oposición en las Cortes Generales, han consignado por escrito en la Comisión del 11-M que las autoridades policiales faltaron a su deber y coadyuvaron de un modo u otro en la comisión del mayor atentado sufrido en la historia de España: así, invitan los populares a dudar de la honorabilidad de nuestras instituciones y, consiguientemente, a desobedecerlas;
-representantes mediáticos de un partido con responsabilidades de gobierno autonómico y local, y prolongación orgánica de la Conferencia Episcopal, arremeten de continuo contra el máximo representante del Estado, poniendo en duda su ecuanimidad institucional y ensoñando, quizá, con otros modelos de organización política en los que la monarquía no tuviera cabida.
A la vista de estas y muchas otras señales, ¿qué clase de pedagogía pública está impartiendo el Partido Popular? ¿Qué señales, guiños y conminaciones, puede estar recibiendo la ciudadanía española cuando, desde el seno de las propias instituciones democráticas, se pone en duda la legitimidad misma de las autoridades que nos rigen? ¿No es una invitación a la anarquía general, a pasarse las normas de convivencia por el arco de triunfo? ¿Cómo no van a reírse nuestros jóvenes de sus padres, sus profesores, sus leyes, si quienes dicen representarles se mofan del Presidente del Congreso o del mismísimo Rey de España?
Leyendo los mensajes que los cachorros de la derecha (política y eclesial) emiten en los foros públicos de comunicación, creo que la respuesta a estas inquietudes es evidente, y preocupante. La derecha está movilizando a sus bases electorales para abatir el sistema democrático. Más claro no lo puedo decir.
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